REPLANTEAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EVITAR QUE MIGRANTES Y REFUGIADOS SEAN VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A SUS DDHH

• En el mundo hay más de 200 millones de personas que viven fuera de su país de origen.

Toluca, Estado de México; 10 de noviembre de 2019.- Como parte de las actividades del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, Vulnerabilidad humana y crisis institucional, se llevó a cabo la mesa de trabajo “Migrantes y ausencia de Estado”, en la que los expertos coincidieron en que el tránsito de migrantes por el territorio mexicano es vulnerado por las constantes violaciones de derechos humanos que sufren, por tanto, se deben replantear las políticas públicas.

Durante su ponencia “Derechos humanos de migrantes y refugiados”, Alfredo Islas Colín, Doctor en derecho constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) del Conacyt, explicó que en el mundo hay 215 millones de personas que viven fuera de su país de origen y, ante las violaciones que enfrentan, es importante dar a conocer que a nivel internacional existen más de 20 organismos internacionales dedicados a la salvaguarda de sus derechos humanos, entre ellos, la no discriminación, la prohibición de genocidio, de la tortura, la esclavitud, la igualdad ante la ley y retorno voluntario.

Sin embargo, al enfrentarnos a la realidad, los migrantes y refugiados sufren diversas afectaciones en sus derechos al trabajo, al libre tránsito y detenciones arbitrarias en instalaciones migratorias, donde las autoridades violentan su dignidad humana a través de tratos crueles, falta de atención médica, tortura, al dejarlos incomunicados, no darles información sobre su situación migratoria, y no tener traductores, por lo que faltan más acciones por hacer, en lugar de limitar a las revisiones insuficientes que realizan los organismos defensores.

Durante su participación, Felipe Carlos Betancourt Higareda, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), expuso que la violencia del crimen organizado que pondera en México y los países del triángulo de Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, derivó en crisis humanitarias, desplazamientos territoriales y migración forzada.

Toluca, Estado de México; 10 de noviembre de 2019.- Como parte de las actividades del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, Vulnerabilidad humana y crisis institucional, se llevó a cabo la mesa de trabajo “Migrantes y ausencia de Estado”, en la que los expertos coincidieron en que el tránsito de migrantes por el territorio mexicano es vulnerado por las constantes violaciones de derechos humanos que sufren, por tanto, se deben replantear las políticas públicas.

 

Durante su ponencia “Derechos humanos de migrantes y refugiados”, Alfredo Islas Colín, Doctor en derecho constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) del Conacyt, explicó que en el mundo hay 215 millones de personas que viven fuera de su país de origen y, ante las violaciones que enfrentan, es importante dar a conocer que a nivel internacional existen más de 20 organismos internacionales dedicados a la salvaguarda de sus derechos humanos, entre ellos, la no discriminación, la prohibición de genocidio, de la tortura, la esclavitud, la igualdad ante la ley y retorno voluntario.

Sin embargo, al enfrentarnos a la realidad, los migrantes y refugiados sufren diversas afectaciones en sus derechos al trabajo, al libre tránsito y detenciones arbitrarias en instalaciones migratorias, donde las autoridades violentan su dignidad humana a través de tratos crueles, falta de atención médica, tortura, al dejarlos incomunicados, no darles información sobre su situación migratoria, y no tener traductores, por lo que faltan más acciones por hacer, en lugar de limitar a las revisiones insuficientes que realizan los organismos defensores.

Durante su participación, Felipe Carlos Betancourt Higareda, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), expuso que la violencia del crimen organizado que pondera en México y los países del triángulo de Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, derivó en crisis humanitarias, desplazamientos territoriales y migración forzada.

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