• La presidenta de la CODHEM participó en el Coloquio “La Nueva Justicia Laboral en México; una realidad en el Estado de México”, organizado por el Centro de Conciliación Laboral de la entidad.

Toluca, Estado de México, 19 de diciembre de 2022.- La importancia de la Reforma Laboral de 2012 radica en que incluye la perspectiva de derechos humanos, es decir, no ve a la persona como un ente trabajador, sino como quien requiere protecciones especiales y justicia social distributiva, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón.

Al presentar la ponencia “Los derechos humanos laborales a raíz de la reforma laboral” en el Coloquio “La Nueva Justicia Laboral en México; una realidad en el Estado de México”, organizado por el Centro de Conciliación Laboral de la entidad, la presidenta de la CODHEM comentó que se tiene la gran oportunidad en la implementación de una reforma que por primera vez materializa los derechos humanos.

Ante la secretaria del Trabajo de la entidad, Maribel Góngora Espinosa; la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Rosa María Nava Acuña; directores de Centros de Conciliación Laboral del país, líderes empresariales y sindicales, académicos y estudiantes, precisó que en la implementación de la reforma laboral se deben incluir las perspectivas de género, diversidad, discapacidad y grupos etarios.

Explicó que el derecho al trabajo es un derecho instrumental o llave que permite el ejercicio de otros y es un elemento inherente de la dignidad humana; asimismo, comentó que con la justicia social del trabajo establecida en el artículo 123 de la Constitución de 1917, la aspiración del legislador constituyente era atender una condición de progreso individual y colectivo, la pobreza crítica, la inexistencia de salarios y salarios injustos, entre otras situaciones, sin embargo, no era efectiva.

García Morón refirió que la igualdad en materia laboral es la ausencia de discriminación, y la interseccionalidad genera una doble protección a grupos en circunstancias desfavorables que por alguna razón tienen un grado mínimo o reducido de satisfactores de necesidades específicas y del pleno desarrollo de sus derechos humanos, como son las mujeres, infancia, adultos mayores, desplazados internos, refugiados, jornaleros agrícolas, migrantes, personas con discapacidad, con VIH-sida o de la diversidad sexual.