• El Organismo Defensor precisa la despresurización de los centros penitenciarios, al ser escenarios de riesgo para la propagación del COVID-19. • Exhorta al Poder Judicial mexiquense y a la Secretaría de Seguridad estatal, a fortalecer el programa de preliberaciones al tiempo que se fortalecen la prevención del delito y la reinserción social. • Reitera su postura a favor de la Interrupción Legal del Embarazo y dejar de criminalizar a las mujeres, una ley de amnistía deberá tomar en cuenta sus derechos humanos.

Toluca, Estado de México, 25 de mayo de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) reconoce y saluda el esfuerzo de los grupos parlamentarios de la LX Legislatura local y organizaciones no gubernamentales que han presentado sus iniciativas de Ley de Amnistía para el Estado de México, y se pronuncia por convocar a instancias que aporten criterios científicos, académicos, sociales y jurídicos, sustentados en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), para cohesionar una ley integral que abarque las problemáticas de fondo.

A través del Pronunciamiento emitido con esta misma fecha, el organismo defensor presidido por el ombudsperson Jorge Olvera García, señala la importancia de que la iniciativa sea enriquecida con elementos que satisfagan los beneficios que, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, deben otorgarse a personas en ese contexto y se reafirme la prevención del delito, su inhibición y la correcta reinserción social.

Asimismo, la Codhem precisa la necesidad de abatir la sobrepoblación y el hacinamiento en los Centros de Prevención y de Reinserción Social, situación advertida en los informes especiales penitenciarios publicados en 2018 y 2019, y se pronuncia a favor de la despresurización de los penales, al ser también escenarios de riesgo para la propagación del COVID-19, por lo que solicita a la Secretaría de Seguridad estatal, continuar los esfuerzos para identificar a las PPL que reúnan los requisitos legales para que sus expedientes sean sujetos de análisis técnico-jurídico por parte del Poder Judicial del Estado de México y, de ser procedente, se les otorguen los beneficios de prelibertad.