Manifestó que la Secretaría de la Contraloría y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) comparten valores que son fundamentales en la vida institucional del sector público, tales como: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

Vargas Zempoaltecatl informó que los presentes convenios permitirán la impartición de cursos, talleres, conferencias sobre derechos humanos y obligaciones, responsabilidades y derechos en la administración pública, así como la realización conjunta de actividades que incidan en el fortalecimiento de la paz social y la cultura de los derechos humanos.

Agregó que también coadyuvarán en la implementación de mecanismos de control interno dentro de la propia Comisión y en el establecimiento de las bases para que se continúe utilizando el sistema Declaranet, a efecto de eficientar el cumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas que tiene adscritas.

En su disertación, el jurista, político y profesor universitario Jaime Rodríguez-Arana Muñoz explicó que el derecho humano a la buena administración pública ya está reconocido en la Ciudad de México y en Europa a través del artículo 41 de la de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea, pero no tiene el reconocimiento que debiera en todo el mundo.

Detalló que los seres humanos necesitamos que el Estado y la administración se gestionen de tal manera que efectivamente protejan y defiendan la libertad y la seguridad de las personas, ya que esa es la razón de fondo de la Constitución fundamental del derecho humano e insistió que más allá de lo que muchos colegas dicen, el derecho a la buena administración pública es un auténtico y genuino derecho humano.

Por último, mencionó algunos de los 23 derechos que componen el derecho humano a la buena administración pública como el de presentar quejas y reclamaciones, de acceso a la información pública, a la transparencia, a que los archivos de las instituciones estén bien organizados, a ser informados y asesorarse, a ser tratado con cortesía y cordialidad, a conocer en su momento el estado real de la tramitación, a ser notificados por escrito, a participar en asociaciones de usuarios de servicios públicos, entre otros.