Esa situación coincidió con el ámbito nacional, pues 43% de los quejosos mencionaron la afectación a su derecho a la seguridad jurídica y debido proceso; el derecho al trabajo ocupó la séptima posición con 4%, antecedido por el de víctimas, integridad y seguridad, salud, ejercicio indebido de la función pública y el de petición; por otra parte, el 36% de expedientes señaló como responsable a las autoridades ministeriales y a la policía estatal, el 26% al personal administrativo estatal, el 21% a servidores públicos administrativos y policías municipales.

El informe indica que del 1 de enero de 2014 al 29 de febrero de 2017 se formularon 262 quejas de mexiquenses ante la CNDH, con lo cual la entidad se posicionó en segundo lugar nacional con 13% de las dos mil 031 recibidas en total, antecedida por la Ciudad de México con 30% y seguida por Jalisco con sólo 4.7%; del 1 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2017 se registraron 203 expedientes del Estado de México, de un universo de dos mil 126 iniciados en el organismo nacional; y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, de mil 370 quejas ante la Comisión Nacional, 142 fueron de la entidad mexiquense.

Entre las propuestas que plantea el informe respecto a las quejas ante los organismos públicos de derechos humanos, está la necesidad de repensar la forma más efectiva de llegar a esa población ante su vulnerabilidad, para que su edad avanzada, aislamiento, enfermedad o discapacidad no les impida ejercer sus prerrogativas, por tanto, las defensorías estatales tienen el reto de redoblar esfuerzos para impulsar la observancia, promoción, protección y defensa de sus derechos.