La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) elabora el Diagnóstico Integral de Justicia Cívica con el propósito de evaluar el grado de implementación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios (LJCEMM) en los 125 municipios mexiquenses, conforme a los principios de derechos humanos.
El análisis comprende la verificación de que las personas infractoras reciban un trato digno, cuenten con acceso a servicios adecuados y que los procedimientos se desarrollen con apego a la legalidad y a la justicia.
En su edición 2024, las visitas de supervisión se efectuaron del 26 de septiembre de 2023 al 2 de mayo de 2024. Para la edición 2025, estas se llevaron a cabo del 13 de mayo al 7 de agosto de 2025. Este ejercicio constituye una de las acciones de supervisión más amplias y especializadas en el país en materia de justicia cívica municipal con enfoque de derechos humanos.
Para conocer con precisión la situación de la justicia cívica en los municipios mexiquenses, se aplicó una metodología integral basada en tres herramientas principales:
En particular, se observó el cambio en el proceso de transición de los municipios del modelo tradicional de calificación de faltas administrativas hacia la consolidación de un esquema de justicia cívica enfocado en la prevención, la solución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
El diagnóstico se centró en los siguientes derechos fundamentales:
Se valoró si las personas detenidas, incluso por periodos breves, tienen acceso a servicios médicos adecuados. Esto implica coordinación con instituciones de salud y vigilancia activa de su estado físico y mental.
Se evaluaron las condiciones físicas e higiénicas de los espacios donde permanecen las personas detenidas. Esto incluye iluminación, ventilación, acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, seguridad estructural y personal capacitado para el resguardo.
Se revisó si las autoridades municipales respetan las normas legales establecidas en la LJCEMM. Esto incluye la existencia de jueces cívicos debidamente acreditados, la aplicación de procedimientos transparentes, y el respeto al principio de presunción de inocencia.
Se verificó si las autoridades cumplen con su deber de custodia de manera que garantice la integridad física y emocional de las personas bajo su responsabilidad, especialmente en momentos de detención.
Se verificó que las autoridades actúen con legalidad, transparencia, trato digno y sin discriminación, prestando servicios públicos de calidad y cumpliendo estándares éticos que rigen el servicio público.
Continúan existiendo brechas importantes en la aplicación normativa, ya que varios municipios aún operan bajo prácticas y algunos criterios del modelo anterior.
Se detectaron mejoras en infraestructura en algunos municipios; la falta de personal capacitado continúa siendo un lastre en la operatividad de los Juzgados Cívicos, y persisten escasos mecanismos para proteger la salud de las personas detenidas.
A través de la observación, se continúa identificando prácticas que podrían vulnerar derechos, especialmente en casos donde no existen protocolos de trato diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad como:
Algunos municipios han hecho esfuerzos importantes para consolidar el nuevo modelo de Justicia Cívica, pero la implementación continúa siendo desigual y depende en gran medida de la voluntad política local y la disponibilidad de recursos.
El trabajo fue encabezado por la Presidencia de CODHEM, con la participación activa de la Primera y Segunda Visitadurías Generales, y un equipo de personas visitadoras generales, especializadas y adjuntas. Se aplicaron cuestionarios tanto a autoridades con poder de decisión como a personas infractoras.
Este diagnóstico permite identificar y observar el cambio, avances y retrocesos del modelo de Justicia Cívica en el Estado de México desde una perspectiva de derechos humanos. La información recabada sirve como base para proponer ajustes normativos, administrativos y operativos que garanticen el respeto a la dignidad de todas las personas, incluso en contextos de detención por faltas administrativas.
