Toluca, Estado de México, 26 de julio de 2022.- Cien elementos de la Policía Municipal y Oficiales Calificadores de la capital mexiquense, fueron capacitados sobre derechos humanos, particularmente, en las buenas prácticas en áreas de aseguramiento por periodos cortos, los derechos que les asisten como personas y servidores públicos, así como los criterios para el uso de la fuerza y las obligaciones que tienen como encargados de hacer cumplir la ley.

En el evento organizado por la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca, el visitador especializado en Atención a Personas Privadas de la Libertad, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Carlos Felipe Valdés Andrade, reiteró a los elementos de seguridad que además de sus obligaciones, también tienen derechos, por ello los exhortó a capacitarse constantemente, conocer la ley y acercarse a sus mandos y a las instituciones para hacerlos valer.

Ante el consejero jurídico del Ayuntamiento de Toluca, Rodrigo Alonso Aliga, quien acudió a nombre del presidente municipal Raymundo Martínez Carbajal, el visitador de la CODHEM expuso que, conocer el marco de sus atribuciones y conceptos fundamentales sobre derechos humanos, será la mejor manera de llevar a cabo sus labores -vitales para la sociedad- de una manera óptima, objetiva y con apego a derecho.

Conocer la Ley y apegarse a ella, reiteró, es la mejor fórmula para no realizar actos que puedan constituir violaciones a derechos humanos, faltas administrativas o incluso derivar en denuncias penales, además, también es importante que sepan que están facultados para utilizar la fuerza pública, incluyendo sus armas de cargo, de acuerdo con los preceptos internacionales, nacionales y locales que rigen su actuación.

Recalcó que tienen derechos y no obstante lo delicado y controversial que es su trabajo, los organismos defensores los respaldan y deben hacer investigaciones objetivas y contundentes para determinar si hubo o no violaciones a la dignidad, por el contrario, se han emitido recomendaciones cuando los oficiales agraviados por particulares no recibieron el apoyo de sus ayuntamientos.