La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) elaboró este diagnóstico con el objetivo de evaluar si los 125 municipios mexiquenses están implementando la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios (LJCEMM) conforme a los principios de derechos humanos. Esto incluye revisar si las personas infractoras reciben un trato digno, tienen acceso a servicios adecuados y si los procedimientos son justos y legales.
Las visitas se realizaron del 26 de septiembre de 2023 al 2 de mayo de 2024, y representan una de las acciones de supervisión más completas sobre justicia cívica municipal con enfoque de derechos humanos en el país.
Para conocer la situación real, se usaron tres herramientas principales:
Se observó en particular cómo los municipios han migrado del modelo anterior de calificación de faltas administrativas hacia un modelo de justicia cívica orientado a la prevención, la solución pacífica de conflictos y la mejora de la convivencia comunitaria.
El diagnóstico se centró en los siguientes derechos fundamentales:
Se valoró si las personas detenidas, incluso por periodos breves, tienen acceso a servicios médicos adecuados. Esto implica coordinación con instituciones de salud y vigilancia activa de su estado físico y mental.
Se evaluaron las condiciones físicas e higiénicas de los espacios donde permanecen las personas detenidas. Esto incluye iluminación, ventilación, acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, seguridad estructural y personal capacitado para el resguardo.
Se revisó si las autoridades municipales respetan las normas legales establecidas en la LJCEMM. Esto incluye la existencia de jueces cívicos debidamente acreditados, la aplicación de procedimientos transparentes, y el respeto al principio de presunción de inocencia.
Se verificó si las autoridades cumplen con su deber de custodia de manera que garantice la integridad física y emocional de las personas bajo su responsabilidad, especialmente en momentos de detención.
Existen brechas importantes en la adecuación normativa a nivel municipal, ya que varios municipios aún operan bajo criterios del modelo anterior.
Se detectaron deficiencias en infraestructura, falta de personal capacitado y escasos mecanismos para proteger la salud de las personas detenidas.
A través de la observación, se identificaron prácticas que podrían vulnerar derechos, especialmente en casos donde no existen protocolos de trato diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad como:
Algunos municipios han hecho esfuerzos por transitar hacia el nuevo modelo, pero la implementación es desigual y depende en gran medida de la voluntad política local y la disponibilidad de recursos.
El trabajo fue encabezado por la Presidencia de CODHEM, con la participación activa de la Primera y Segunda Visitadurías Generales, y un equipo de personas visitadoras generales, especializadas y adjuntas. Se aplicaron cuestionarios tanto a autoridades con poder de decisión como a personas infractoras.
Este diagnóstico permite identificar el estado actual del modelo de Justicia Cívica en el Estado de México desde una perspectiva de derechos humanos. La información recabada sirve como base para proponer ajustes normativos, administrativos y operativos que garanticen el respeto a la dignidad de todas las personas, incluso en contextos de detención por faltas administrativas.
Además, ofrece recomendaciones para consolidar un modelo de justicia cívica que promueva la paz social, evite la criminalización de la pobreza y actúe con justicia, legalidad y humanidad.
