Comunicado
de prensa No. 033
lunes 15 de febrero de 2010.
Urge crear mecanismos para proteger a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Ante el contexto de agresiones y violencia que viven periodistas y defensores de los derechos humanos en nuestro país, resulta urgente que instituciones de diversos ámbitos, coordinen esfuerzos para trabajar en mecanismos y herramientas para la protección de estos sectores.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la celebración del diálogo interinstitucional “Hacia un Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos”, evento realizado en días pasados por la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, al cual acudió personal de la Codhem.
El común denominador del sentir de los diferentes sectores convocados a este diálogo, giró en el sentido de la preocupación en torno a que en México, si bien existe una mayor libertad de expresión, también sigue creciendo un clima adverso, que impide a los periodistas y activistas desarrollar su función en un entorno de seguridad y armonía, el cual se ve amenazado en nuestro país, por la intimidación y las agresiones.
Luego de dos días de intercambio de experiencias e información por parte de las comisiones estatales de derechos humanos, así como de la CNDH, organizaciones civiles, autoridades federales e internacionales, los diversos sectores coincidieron en que el mecanismo que se requiere en México necesita de un presupuesto adecuado, además de tener la capacidad de articular el trabajo de autoridades federales y estatales, implementar medidas efectivas de prevención y definir, adoptar, monitorear y evaluar medidas urgentes de protección.
Todo ello, fue resultado de las aportaciones expuestas en el foro, que según se mencionó, representan un paso firme hacia la creación de un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, al tiempo de contribuir a generar las condiciones necesarias para que las personas dedicadas a ambas actividades, puedan desempeñar su labor cotidiana sin riesgo.
Dentro del evento, una delegación de funcionarios colombianos expuso la experiencia de ese país latinoamericano y explicó a las autoridades y representantes de la sociedad civil de México, cómo han hecho frente a las agresiones hacia comunicadores y defensores de las garantías fundamentales.
Entre las medidas de la estrategia implementada en Colombia desde 1997, destaca el ejercicio de un presupuesto de más de 57 millones de dólares –dos de ellos dedicados a la protección de periodistas y el resto a los defensores de derechos humanos-; la participación del gobierno y sociedad civil, la documentación de casos, el seguimiento, registro y confidencialidad de los mismos, todo esto enfocado a mantener la actividad periodística en zonas de riesgo, así como la labor de los activistas.
Explicaron los representantes de dicha nación, que de acuerdo a la gravedad del caso, se aplican medidas blandas o duras, mismas que contemplan desde mandar un oficio, hasta dotar de un cuerpo de seguridad a quienes corren riesgo debido a su actividad, o bien proporcionarles chalecos antibalas, vehículos blindados, personal armado, monitoreo por medio de una red satelital, entre otras medidas.
Algunas de estas acciones servirán para contribuir a la definición, realización e implementación de un mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos en México, cuya puesta en marcha se espera en un corto plazo.
Cabe señalar que por parte de la Comisión de Derechos Humanos, se cuenta con un Programa de Agravio a Periodistas y Comunicadores Sociales, a efecto de atender las violaciones a las garantías individuales de este grupo.
La estructura del programa se basa en tres aspectos fundamentales, que son el procedimiento de queja, asesoría y acompañamiento de la víctima para asistir a la agencia del Ministerio Público; así como la generación de espacios de entendimiento, difusión y promoción sobre los derechos humanos de este sector de la población, a través de cursos de capacitación a servidores públicos.
